A partir del 15 de enero de 2015, las empresas deberán facturar a la Administración General del Estado a través de una única plataforma digital: FACe. La sustitución de las facturas tradicionales por las electrónicas implica un ahorro en tiempo del 80% y de 3,48 euros por unidad. Las administraciones locales y autonómicas pueden adherirse gratuitamente al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
 

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